Día histórico: los representantes de los policías nacionales y guardias civiles se encierran en la secretaría de estado de seguridad para exigir una jubilación digna
Tras casi un año de reuniones, promesas y ausencia de soluciones, las organizaciones sindicales de la Policía Nacional (excepto SPP, CEP y EYA), y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil (excepto Unión de Oficiales), rompen las negociaciones y protagonizan una medida de protesta inédita. Los representantes no abandonarán el Ministerio del Interior hasta que se aporte una solución real a la jubilación digna de ambos cuerpos.
Hoy era el día de estar todos juntos: SPP, CEP y EYA
no se han quedado en el encierro.
Madrid, 27 de octubre de 2026/ Día histórico para la defensa de los derechos de policías nacionales y guardias civiles. Los representantes de las organizaciones sindicales de la Policía Nacional, excepto SPP, CEP y EYA, y de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, excepto Unión de Oficiales, han decidido permanecer encerrados en la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, tras la ruptura de las negociaciones con la Administración para reclamar una solución inmediata a la jubilación digna de ambos cuerpos.
Se trata de una medida de protesta inédita, adoptada ante el agotamiento de todas las vías de diálogo y después de prácticamente un año de reuniones, promesas y compromisos que, según denuncian las organizaciones, no se han traducido en soluciones concretas para los miles de profesionales afectados.
Los representantes sindicales y asociativos han dicho basta. Después de meses de conversaciones sin resultados satisfactorios, consideran que no pueden seguir aceptando aplazamientos ni nuevas promesas mientras continúa sin resolverse una reivindicación histórica que afecta directamente al futuro de los policías nacionales, los guardias civiles y sus familias.
Por ello, han decidido dar un paso adelante y permanecer encerrados en la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad como señal de protesta y presión ante la falta de respuestas. No abandonarán el encierro hasta que la Administración aporte una solución real, concreta y con garantías para garantizar una jubilación digna a policías nacionales y guardias civiles.
«Después de prácticamente un año de reuniones, promesas y falta de soluciones, no vamos a permitir que sigan dándonos largas. Nuestros compañeros han dedicado su vida a proteger a los ciudadanos y merecen que la Administración responda con hechos. Hemos llegado a un punto en el que las palabras ya no sirven: necesitamos compromisos firmes y garantías de cumplimiento», trasladan las organizaciones.
Llamamiento urgente a policías y guardias civiles
Ante la gravedad de la situación y el carácter excepcional de esta movilización, las organizaciones sindicales y asociaciones profesionales hacen un llamamiento urgente a todos los policías nacionales y guardias civiles destinados en Madrid para que acudan a las inmediaciones del Ministerio del Interior y respalden esta protesta.
La unidad de acción resulta ahora más necesaria que nunca. Las organizaciones consideran que ha llegado el momento de demostrar que la reivindicación de una jubilación digna es una causa compartida por miles de profesionales que no están dispuestos a resignarse ante una situación de desigualdad que se prolonga en el tiempo.
El encierro pretende trasladar un mensaje inequívoco al Ministerio del Interior: los representantes de los trabajadores no van a abandonar esta lucha ni van a conformarse con nuevas reuniones que no conduzcan a resultados tangibles.
Hoy no es un día más de negociación. Es un día histórico en la defensa de los derechos de policías nacionales y guardias civiles.
Una jubilación digna con medidas concretas y garantías jurídicas
La ruptura de las negociaciones se produce ante la falta de una respuesta satisfactoria a las propuestas planteadas por las organizaciones, que reclaman medidas específicas para garantizar una jubilación anticipada y una pensión acorde con las especiales exigencias, responsabilidades y riesgos de la profesión policial.
Entre las principales reivindicaciones conjuntas figuran una pensión mínima digna de 39.659,44 euros brutos anuales para el grupo C1, el reconocimiento de los años cotizados en el grupo C2 como grupo C1 a efectos de jubilación, evitando que la clasificación profesional perjudique el cálculo de la pensión y la aplicación retroactiva de las mejoras desde el 1 de enero de 2026, incluyendo a quienes se hayan jubilado durante este año, así como la actualización automática de las pensiones conforme al IPC y a los incrementos salariales, para evitar la pérdida progresiva de poder adquisitivo.
Desde las organizaciones firmantes exigen además una cláusula de salvaguarda específica que garantice la compensación de la diferencia si la revalorización general de las pensiones de Clases Pasivas queda limitada al 2 % y el IPC supera ese porcentaje, mediante un complemento automático, vitalicio y consolidable y que cualquier acuerdo alcanzado cuente con respaldo jurídico suficiente y no quede condicionado a futuras decisiones políticas. Para ello, defienden la necesidad de articular una solución normativa que garantice su aplicación efectiva y su continuidad.
El reconocimiento de la profesión de riesgo debe traducirse en medidas reales. No basta con reconocer las particularidades del trabajo policial si ese reconocimiento no se refleja en las condiciones de jubilación de quienes han dedicado décadas al servicio público.
El Ministerio del Interior debe dar una respuesta
Las organizaciones sindicales y asociaciones profesionales reiteran que la responsabilidad de desbloquear esta situación corresponde a la Administración. Tras meses de negociaciones sin resultados, consideran imprescindible que la Secretaría de Estado de Seguridad abandone la dinámica de aplazamientos y presente una propuesta que responda a las demandas planteadas.
El encierro representa el rechazo a que una reivindicación de esta trascendencia continúe pendiente mientras los profesionales se acercan a la jubilación sin disponer de la certidumbre económica que reclaman.
Policías nacionales y guardias civiles no piden privilegios. Exigen justicia, igualdad de trato y una jubilación digna después de toda una vida de servicio público.
La unidad de acción se mantiene firme y el encierro continuará hasta que exista una solución. No más promesas. No más aplazamientos. Es el momento de los hechos.
