Anuncian que volverán a recurrir la decisión ante los Tribunales
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha condecorado a una decena de ex mandos jubilados en 2020 y 2021 -nueve comisarios principales y un comisario- con la máxima recompensa profesional que puede recibir en vida un policía nacional, una medalla de plata. Algunos de estos mandos ya recibieron esta distinción, pero la Justicia la anuló por no considerar dicha concesión ajustada a derecho.
Hay que recordar que todos ellos cesaron en su carrera profesional en la Policía Nacional por haber cumplido los 65 años de edad y que ahora han sido elegidos para recibir este premio de fin de carrera sin que se den los requisitos necesarios para un reconocimiento de este tipo, según informa la Confederación Española de Policía (CEP).
Se da la circunstancia, además, de que siete de estos diez agentes jubilados ya fueron propuestos para esa medalla de plata en 2020 y 2021 y que diferentes órganos judiciales -el último, en demanda planteada y ganada, entre otros, por CEP (y JUPOL), fue el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº11, en mayo de este año- han tumbado las órdenes ministeriales del titular del departamento al considerar que no se ajustaban a la normativa procedimental y que los agraciados o bien no reunían los requisitos necesarios o que la Dirección General de la Policía había vulnerado los pasos necesarios para poder entregar un reconocimiento de máximo nivel a estos ex mandos.
Lejos de ello, se ha preferido utilizar un atajo para tratar de eludir el freno judicial que anuló las medallas de plata concedidas en 2020 y 2021, en lo que solo puede entenderse como una actitud reiterativa de desprecio a los policías nacionales y su trabajo, empañando la concesión de otras 2.732 condecoraciones de este año -49 cruces rojas pensionadas, 2.767 cruces blancas y 6 cruces blancas a compañeros fallecidos- y obviando a todos aquellos que no han recibido un reconocimiento profesional, estando en activo, agrega
CEP recurrirá de nuevo a los tribunales y tratará de anular este acto, como ya lo hicimos en 2021. Además, si nuevamente -por tercera vez, en ese caso- se anulan estas condecoraciones, ya anunciamos que someteremos esa decisión al análisis de juristas que puedan determinar si esa persistencia y reiteración puede tener derivadas tipificadas en el Código Penal., subraya.
Por su parte, el sindicato JUPOL ha calificado de falta de respeto hacia la justicia y hacía todos los policías, la decisión del Ministerio del Interior. “La reiteración por parte del Ministerio del Interior de estas medallas supone una vergüenza, una falta de respeto y da la impresión de que el Ministerio del Interior pretende reírse de la Justicia”.
Anuncian que han puesto en marcha los servicios jurídicos para volver a impugnar esta entrega de medallas. “La Justicia ya nos ha dado la razón en una ocasión ante esta situación y seguiremos acudiendo a la misma las veces que haga falta para que se cumpla con las decisiones judiciales”.
Recuerdan que estas son las mayores condecoraciones que puede recibir una agente de la Policía Nacional en vida y que supone un incremento del 15% de la pensión de forma mensual y vitalicia, por lo que deberían cumplir todos los requisitos necesarios para la concesión de las mismas.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denuncia la falta de transparencia y los criterios injustos de la Dirección General de la Policía en el proceso de adjudicación de las condecoraciones. Un sistema regido por una ley obsoleta que reparte más de 500 medallas a personal externo a la policía y deja sin condecoración a compañeros protagonistas de actos de servicio brillantes.
“Denunciamos la concesión de la Medalla de Plata a una decena de mandos policiales que no cumplen con todo el articulado que rige la condecoración pensionada con un 15% como es la Medalla de Plata. Igualmente, nos preguntamos qué clase de méritos han hecho los más de 500 candidatos externos a la Policía que van a recibir una medalla de Ingreso en la Orden del Mérito Policial. Es, sin duda, una cifra desmesurada de condecoraciones para civiles, mientras compañeros con una hoja de servicios brillante y actuaciones de gran relevancia se quedan sin su distinción”.
“Todo esto, es el resultado de un proceso de adjudicación de condecoraciones que en la Policía Nacional se rige por una ley franquista que no satisface a nadie. Es necesario un proceso transparente y justo que ponga en valor el trabajo policial. No se puede degradar una distinción tan importante para los policías, repartiendo medallas a diestro y siniestro con total opacidad”.
