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JUPOL

Jupol propone al resto de sindicatos crear una plataforma para luchar juntos por una jubilación digna

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Una plataforma de análisis, diagnóstico y propuestas, que posteriormente elevarán a los poderes públicos

El secretario general de Jupol, Aarón Rivero, les emplaza a mantener la próxima semana un encuentro para iniciar una senda compartida de futuro y de trabajo fructífero en la que puedan intercambiar ideas, propuestas y crear una hoja de ruta común.

El sindicato Justicia Policial (Jupol), el mayoritario en el Consejo de la Policía Nacional, ha planteado al resto de organizaciones sindicales de la Policía Nacional crear una plataforma común, en la que todos los policías se sientan representados, para «luchar de forma conjunta y efectiva» por unas condiciones de jubilación «dignas» para todos los agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

El secretario general de Jupol, Aarón Rivero, ha hecho hoy este llamamiento a sus homólogos del resto de sindicatos en una misiva, en la que destaca la «necesidad» de hacer un frente común que les permita elevar propuestas que dignifiquen la jubilación de los agentes de la Policía Nacional y que les igualen al resto de policías españolas.

Les emplaza a mantener la próxima semana un encuentro para iniciar una senda compartida de futuro y de trabajo fructífero en la que puedan intercambiar ideas, propuestas y crear una hoja de ruta común.

Es una de las principales reivindicaciones de este sindicato, que representa «a casi 26.000 afiliados», además de la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil con Mossos d’Esquadra, «una deuda que el Gobierno tiene desde hace más de 30 años», como ha señalado recientemente Rivero a Confilegal en una entrevista.

«Policía y Guardia Civil son los únicos cuerpos policiales a los que no se les permite la jubilación temprana a los 59 años -por la penosidad de nuestro trabajo- sin pérdida de poder adquisitivo y esto es un agravio comparativo. Nosotros nos tenemos que jubilar a los 65 años con una pérdida de poder adquisitivo de entorno a 900 o 1.000 euros respecto a lo que cobramos en activo, dependiendo de los puestos de trabajo, mientras que los funcionarios de los cuerpos autonómicos o policías locales lo hacen sin pérdida de poder adquisitivo», explicó.

«Se da, además, la circunstancia de que recientemente han impulsado el reconocimiento de la penosidad y de la peligrosidad a la policía canaria, que ya está en estudio, pero para nosotros no. Quieren crear policías de primera y de segunda», indicó también Rivero.

En el escrito, el secretario general de Jupol denuncia que «los diferentes Gobiernos han dado la espalda de manera reiterada a la Policía Nacional» en relación a las reivindicaciones de los sindicatos, entre ellas la jubilación, y pide a sus compañeros buscar «puntos de encuentro» que les permitan alcanzar el objetivo común de una jubilación digna a través de una plataforma de «análisis, diagnóstico y propuestas», que posteriormente elevarán a los poderes públicos de este país.

«Es el momento propicio para aunar todas las fuerzas en torno a esta reivindicación profesional que antes o después nos tocará vivir cada uno de nosotros”, subraya Rivero, y añade que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han iniciado una lucha por la igualdad que «no debe caer en saco roto».

«Tenemos que realizar todos los esfuerzos posibles para encontrar las fórmulas que nos permitan jubilarnos en las mismas condiciones que el resto de policías de este país”, subraya.

DESIGUALDAD CON EL RESTO DE POLICÍAS DE ESPAÑA

Jupol hace hincapié en que es de justicia, que los policías nacionales y guardias civiles se puedan jubilar en las mismas condiciones que el resto de las policías españolas, a los 59 años y con el 100% de su aportación económica.

Según expone Rivero, la equiparación de los efectos del Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales y autonómicos, es perfectamente aplicable a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Afirma que los motivos que recoge el Real Decreto, que permiten la jubilación de policías locales y autonómicos a los 59 años con el 100 por 100 de sus retribuciones, son perfectamente extrapolables a los funcionarios de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, “debiéndose aplicar la máxima jurídica de que a igual situación, igual tratamiento jurídico”.

Para este sindicato, las actuales condiciones de jubilación de los policías nacionales suponen «un desprecio más» y una situación de agravio comparativo respecto al resto de los funcionarios de las policías locales y autonómicas, por lo que pide al Gobierno que «ponga solución a esta injusticia» y lleve a cabo la equiparación de las condiciones de jubilación de todos los funcionarios policiales.

Jupol advierte que no desistirán hasta conseguir las mismas condiciones sociolaborales para la Policía Nacional que las que ya tienen las policías autonómicas y locales.

APOYO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

Esta organización sindical recuerda que ya viene trabajando en esta línea y que ha mantenido encuentros en este sentido con partidos políticos y con el Defensor del Pueblo.

En su reunión el pasado 12 septiembre con la adjunta primera del Defensor del Pueblo, María Teresa Jiménez-Becerril, le solicitó que «abogue porque la Policía Nacional obtenga por parte del Ministerio de Inclusión el reconocimiento de la profesión como penosa, tóxica, insalubre, como ya lo tienen las policías autonómicas y locales, lo que serviría para equiparar las condiciones de jubilación de todos los cuerpos policiales»

«Nos encontramos una vez más que con el mismo trabajo, se nos trata de manera distinta, y se nos deniegan derechos”, le transmitió.

CSIF, Jucil y Jupol también acordaron el pasado mes de enero un frente común «ante el deterioro de las condiciones laborales de policías, guardias civiles y del conjunto de los empleados públicos», frente a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores públicos y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en defensa de las condiciones laborales «empeoradas por la pandemia» y «la amenaza sobre el futuro de las pensiones».

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